La acción de tutela, incorporada por la Constitución Política de 1991, transformó la relación del ciudadano con el Estado y representó un avance decisivo hacia una democracia sustancial, en la que la protección efectiva de los derechos fundamentales trasciende la participación meramente electoral. Sin embargo, su utilización creciente también pone en evidencia fallas institucionales, administrativas y ciudadanas que afectan la capacidad de respuesta de la justicia colombiana y aumentan diariamente la carga de los despachos judiciales.
Las cifras muestran la dimensión del fenómeno. De acuerdo con la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, en 2020 se radicaron en Colombia 459.680 acciones de tutela, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 1.202.436, lo que representa un incremento del 162 % en cinco años. Solo durante 2025, los despachos judiciales del país profirieron 1.108.067 fallos de tutela, sin incluir las decisiones de las altas cortes ni las impugnaciones. El derecho de petición y la salud fueron los derechos fundamentales más invocados. En particular, el Consejo Superior de la Judicatura reportó 432.658 tutelas tramitadas por vulneración del derecho de petición, de las cuales 177.531 fueron concedidas, 138.738 se resolvieron por hecho superado, 77.333 fueron negadas y 39.055 se declararon improcedentes.
La situación resulta especialmente crítica en Bogotá. Con corte a agosto de 2026, se habían radicado aproximadamente 781.000 tutelas en Colombia, de las cuales más de 210.000 correspondían al Distrito Judicial de Bogotá, equivalentes al 26,89 % del total nacional. A esta carga constitucional se suma la litigiosidad ordinaria: los juzgados civiles de la capital reciben, en promedio, 49 procesos mensuales por despacho, mientras que algunos juzgados de pequeñas causas acumulan más de 2.800 expedientes. Estas cifras fueron expuestas por la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá durante las jornadas académicas realizadas la semana pasada.
Aunque las estadísticas oficiales no permiten determinar cuántas tutelas se originan específicamente en copropiedades, desde nuestra práctica profesional como firma jurídica hemos observado un aumento sustancial de estas acciones durante los últimos años. Esta litigiosidad constitucional consume capacidad institucional y puede incidir en los tiempos requeridos para resolver procesos civiles relacionados con la propiedad horizontal, como las acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual, las impugnaciones de decisiones, los procesos ejecutivos para el cobro de cartera y los procesos verbales sumarios sobre conflictos de convivencia e incumplimiento de obligaciones.
Una primera causa recurrente es que algunos administradores no identifican adecuadamente las peticiones que reciben o desconocen los términos legales para contestarlas. Una solicitud respetuosa remitida por correo electrónico, comunicación escrita o cualquier canal habilitado puede constituir un derecho de petición, aunque el interesado no utilice esa expresión, no invoque el artículo 23 de la Constitución Política ni cite la Ley 1755 de 2015. El artículo 13 de esta ley dispone que toda actuación que implique una solicitud respetuosa constituye el ejercicio del derecho de petición, sin que sea necesario invocarlo expresamente.
La Corte Constitucional también ha reconocido que las peticiones pueden formularse por medios físicos o electrónicos y que deben recibir una respuesta oportuna, completa, clara, congruente y efectivamente comunicada. En el ámbito de la propiedad horizontal, la Sentencia T-333 de 2018 reiteró que el derecho de petición puede ejercerse frente a los órganos de dirección y administración de las copropiedades, debido a la relación de subordinación existente respecto de propietarios y residentes.
Por esta razón, las administraciones deben controlar rigurosamente los términos previstos en la Ley 1755 de 2015. Las solicitudes de información o documentos deben resolverse dentro de los diez días siguientes a su recepción; las peticiones generales o particulares, dentro de los quince días; y las consultas, dentro de los treinta días, salvo disposición legal especial. Cuando excepcionalmente no sea posible responder en el plazo correspondiente, deberá informarse esta circunstancia antes de su vencimiento, explicar los motivos de la demora y señalar un término razonable que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
La segunda causa revela la otra cara de la moneda, propietarios o residentes que recurren a la tutela porque la respuesta obtenida no satisface sus expectativas o niega lo solicitado. El derecho de petición garantiza una contestación de fondo, pero no una decisión favorable. Tampoco obliga a entregar indiscriminadamente documentos que contengan datos personales como audios y videos de reuniones de asamblea o consejos, grabaciones de video - vigilancia, datos del registro de propietarios y residentes, hojas de vida de trabajadores, entre otros. La Ley 1581 de 2012 impone límites al tratamiento y circulación de esa información, aplicables tanto a entidades públicas como a organizaciones privadas.
La protección de datos, sin embargo, tampoco puede utilizarse como una fórmula genérica para negar cualquier documento. La administración debe examinar cada solicitud, identificar si contiene información pública, semiprivada, privada o sensible, establecer si el solicitante se encuentra legitimado para acceder a ella y, cuando sea viable, entregar una versión anonimizada o con ocultamiento de los datos de terceros. Una respuesta jurídicamente adecuada debe explicar de forma concreta las razones de la entrega, de la entrega parcial o de la negativa.
De igual manera, la tutela no puede convertirse en un mecanismo general para resolver controversias sobre incrementos de cuotas de administración, impugnación de decisiones de la asamblea o del consejo, cumplimiento del reglamento, responsabilidad civil, uso de bienes comunes o relaciones contractuales. Estos asuntos cuentan, por regla general, con mecanismos ordinarios de defensa. La Corte Constitucional ha reiterado que, cuando existe un medio judicial idóneo y eficaz y no se acredita un perjuicio irremediable, la tutela resulta improcedente para resolver conflictos propios del régimen de propiedad horizontal.
Nos encontramos, entonces, ante un problema de corresponsabilidad. Las copropiedades deben profesionalizar los procesos de recepción, clasificación y contestación de peticiones. A su vez, propietarios y residentes deben comprender que la tutela, aunque es una acción preferente, sumaria, gratuita e informal, tiene carácter subsidiario: por regla general, procede cuando no existe otro medio judicial idóneo y eficaz para proteger el derecho fundamental, o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. No reemplaza los procesos ordinarios ni convierte cualquier desacuerdo con la administración en una vulneración constitucional.
Desde el sector de la propiedad horizontal resulta indispensable capacitar a administradores, consejos de administración, comités y residentes en derecho de petición, protección de datos personales y mecanismos de solución de conflictos. También es necesario establecer canales oficiales, implementar controles de radicación, clasificar correctamente las solicitudes y vigilar los términos de respuesta. La solución no consiste en restringir el acceso a la tutela, sino en prevenir aquellas acciones que podrían evitarse mediante una gestión diligente y un uso responsable de los mecanismos constitucionales. De esta manera se protegen los derechos de las comunidades y se contribuye, desde la propiedad horizontal, a una justicia más oportuna y menos congestionada, somos parte de la solución.
Colaboración con Infante López
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